Lo que comenzó como la angustiante búsqueda de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, una joven de 21 años desaparecida tras asistir a una entrevista de trabajo ficticia, ha escalado a un escándalo de corrupción que señala directamente a las altas esferas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
- El señalamiento: Luis Eduardo Poletti Vega
La familia de la víctima ha roto el silencio, denunciando con nombre y fotografía al funcionario que presuntamente obstaculizó la búsqueda y condicionó la justicia. Se trata de Luis Eduardo Poletti Vega, titular de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización o Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE).
De acuerdo con las declaraciones de la madre de la joven, Claudia Edith Zaldívar, el personal a cargo de Poletti habría incurrido en las siguientes irregularidades:
- Extorsión: Exigencia de dinero (presuntas “mochadas”) para agilizar las diligencias y revisar cámaras de seguridad.
- Negligencia: Omisión de actuar de forma inmediata bajo el pretexto de esperar 72 horas, a pesar de que la familia ya había localizado el edificio donde Edith fue vista por última vez en la alcaldía Benito Juárez.
- Bloqueo de información: Negativa para acceder a imágenes de videovigilancia clave durante las primeras horas de la desaparición.
- La respuesta oficial y la “cloaca” en la Fiscalía
Ante la presión social y la evidencia de fallas estructurales, la Fiscal General, Bertha Alcalde, reconoció públicamente la existencia de actos de corrupción interna. Hasta el momento, tres funcionarios han sido separados de sus cargos y se encuentran bajo investigación administrativa y penal.
Sin embargo, la indignación crece al revelarse que la propia familia, mediante un investigador privado, fue quien halló el cuerpo de Edith enterrado bajo un montículo de arena en el sótano del edificio donde laboraba el presunto feminicida, quien fungía como vigilante del inmueble.
- Un sistema bajo la lupa
El feminicidio de Edith Guadalupe ha destapado lo que activistas y periodistas describen como una “cloaca” de impunidad. Con más de 5,600 quejas acumuladas contra personal de la Fiscalía capitalina, el caso Poletti se ha convertido en el símbolo de un sistema donde, según denuncian las víctimas, “la justicia es para quien tenga dinero para pagarla”.
