Sinaloa se ubicó como la entidad federativa con la mayor incidencia de fosas clandestinas localizadas en el país durante el primer cuatrimestre de 2026. Un alarmante informe de la organización civil Causa en Común revela que, a través del monitoreo hemerográfico de medios de comunicación, se identificaron 157 fosas clandestinas y al menos 250 víctimas exhumadas a nivel nacional entre enero y abril de 2026.
De acuerdo con el reporte titulado “Galería del horror”, la acumulación de enterramientos clandestinos no es un hecho aislado, sino que se concentra críticamente en cinco estados de la República: Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Estado de México y Guanajuato.
El mapa de la crisis: Los cinco estados con mayor incidencia
El análisis de Causa en Común detalla escenarios de violencia extrema e impunidad focalizados en las siguientes regiones mexicanas durante el arranque del año:
1. Sinaloa (Líder en hallazgos)
Impulsado por fracturas y pugnas internas del crimen organizado, el estado se posiciona a la cabeza de la lista. El epicentro actual se localiza en el municipio de Concordia, específicamente en la comunidad de El Verde. En esta zona, el colectivo Por las Voces sin Justicia documentó recientemente fosas con restos óseos, los cuales se suman a la trágica localización de 9 de los 10 mineros que habían sido secuestrados por células delictivas en enero de este mismo año tras negarse a pagar extorsiones.
2. Guanajuato (Zonas de exterminio y pozos agrícolas)
De acuerdo con registros locales recopilados por plataformas aliadas como Zona Franca, en Guanajuato el fenómeno se ha ensañado en la zona central del estado. El investigador Fernando Escobar Ayala detalló que los municipios de Santa Cruz de Juventino Rosas (con hallazgos de impacto en la comunidad de Franco Tavera) y Cortazar (comunidad Valencia de Fuentes) concentraron la mayor cantidad de cuerpos en la entidad. Gran parte de los depósitos ilegales han sido detectados dentro de pozos de riego agrícola abandonados, áreas bajo la influencia del Cartel de Santa Rosa de Lima.
3. Sonora (Cementerios en el desierto)
La violencia en las rutas transfronterizas mantiene a Sonora en los primeros puestos de criminalidad oculta. Entre los casos más graves documentados en el cuatrimestre destaca el hallazgo de un megacementerio clandestino en la localidad de Sonoyta, donde colectivos de madres buscadoras exhumaron más de 30 osamentas en una sola jornada de rastreo en zonas desérticas.
4. Estado de México (Crisis en la periferia urbana)
La periferia de la Zona Metropolitana del Valle de México continúa registrando hallazgos de fosas comunes ilegales. El caso con mayor impacto en el periodo involucra la zona limítrofe del Lago de Chalco, en las fronteras entre el Estado de México y la capital del país, donde peritajes independientes y oficiales extrajeron más de 310 restos óseos.
5. Baja California Sur (La violencia se extiende al turismo)
Pese a su perfil turístico, el estado entró formalmente al “top 5” de las alertas hemerográficas de Causa en Común. Las excavaciones efectuadas por brigadas ciudadanas y autoridades estatales en comunidades como Cajoncito, en el municipio de La Paz, desenterraron al menos una decena de osamentas ocultas en brechas rurales.
- Disparidad institucional y opacidad federal
La organización civil enfatizó que la recopilación de estos datos se realiza mediante vías periodísticas debido a la inoperancia y falta de transparencia de las instituciones federales.
A pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada obliga a la Fiscalía General de la República (FGR) a coordinar y publicar un registro unificado y vinculante de fosas comunes y clandestinas, actualmente dicho mapa de hallazgos se encuentra inactivo y no es consultable para la ciudadanía.
Esta desconexión institucional provoca una preocupante discrepancia entre los datos que reconocen las fiscalías del país y el subregistro federal, dejando a los colectivos de familiares y madres buscadoras la responsabilidad —y el riesgo físico— de seguir buscando a sus desaparecidos sin garantías de seguridad del Estado mexicano.
- Exigencias al Gobierno Federal: Frenar la impunidad y transparentar datos
Ante este panorama de violencia sistémica, Causa en Común emitió un enérgico llamado al Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, articulando tres demandas prioritarias para enfrentar la crisis humanitaria y forense:
- Activación inmediata del registro nacional: Exigen a la Fiscalía General de la República (FGR) habilitar de forma pública, transparente y actualizada el mapa unificado de fosas comunes y clandestinas contemplado por la ley, eliminando la opacidad y el subregistro de víctimas.
- Presupuesto y tecnología para la crisis forense: Demandan la asignación urgente de recursos financieros y tecnológicos hacia los servicios periciales locales y federales para agilizar la identificación genética de los restos óseos acumulados, garantizando la restitución digna a sus familias.
- Garantías de seguridad para colectivos: Solicitan protección efectiva y acompañamiento policial permanente para las brigadas de madres buscadoras en campo, quienes actualmente realizan sus jornadas de rastreo bajo amenazas de muerte directas por parte de células del crimen organizado.
La organización civil concluyó que maquillar las cifras o mantener la inacción institucional solo prolonga la impunidad, perpetuando un escenario donde los grupos delictivos controlan territorios enteros del país y los convierten en cementerios clandestinos.
