La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de amparo promovido por Paul Andrew Rangel Merkley, director de la empresa Aguakan; y de los socios de la misma, como Jorge Eduardo Ballesteros y Franco, quienes por ahora han evitado una posible orden de aprehensión en su contra por el delito de lavado de dinero.
Hay que recordar, fue el Gobierno de Quintana Roo, a través de la Consejería Jurídica, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita que estiman asciende a mil millones de pesos; recursos con los que habrían adquirido la concesión para brindar el servicio de agua potable y drenaje en los municipios de Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres, además de ampliar al 2053 la concesión en el municipio de Benito Juárez.
El Pleno de la Suprema Corte, discutió el pasado 19 de agosto este punto. Específicamente, la solicitud de ejercicio es la facultad de atracción formulada por el ministro Irving Espinoza Betanzo para conocer del amparo en revisión 194/2026 del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
El tema, se puede leer también, “ante la falta de legitimación de los solicitantes, el ministro Irving Espinosa Betanzo hace suya la solicitud de facultad de atracción para conocer el incidente en revisión 57/2026 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito”.
Cabe recordar, además, la sentencia se dictó el 10 de diciembre de 2025, en el juicio de amparo indirecto 202/2025 por el Juzgado Segundo de Distrito.
Pero los señalados, obtuvieron un amparo, dejando sin efecto la orden de captura por lo que a la fecha continúan en libertad.
Tras aceptar el expediente, los integrantes de esta Suprema Corte podrán discutir si se mantiene este resolutivo o se revierte por lo que podrían ser aprehendidos.
La discusión se centrará en la facultad del Gobierno del Estado para denunciar por lavado de dinero o uso de recursos de procedencia ilícita a dichos socios, toda vez que el Código Fiscal establece que es la Secretaria de Hacienda y/o el Sistema de Administración Tributaria (SAT) quienes tienen la facultad de presentar la denuncia.
Es decir, si los Ministros de la Suprema Corte coinciden en su mayoría que el Gobierno de Quintana Roo puede hacer este tipo de denuncias, se podría conseguir la orden de aprehensión; en caso contrario, la denuncia será sobreseída.
Al momento, no hay una fecha para que el Pleno de la Suprema Corte discuta este caso; únicamente se acordó atraer el caso. Posiblemente a fines de año lo agenden.
Aclarar por último, este litigio se lleva por separado con respecto al pleito legal por el retiro de la concesión que Aguakan tiene gracias al Decreto 250 publicado durante el Gobierno de Roberto Borge Angulo y que se abrogó con otro Decreto, el 195, en diciembre del 2023.