La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deslindó formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de cualquier vínculo operativo o administrativo con la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Esta aclaración ocurre tras la indignación nacional provocada por la trágica muerte de la adolescente Dafne Zapata Quintos, de 13 años de edad, ocurrida dentro de las instalaciones del plantel durante un campamento de verano.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal enfatizó que este tipo de instituciones corresponden a planteles de orden local.
“No dependen de la Secretaría de la Defensa, es decir, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar con una estricta disciplina. En este caso pues es de Tamaulipas, y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, puntualizó Sheinbaum, haciendo además un llamado para garantizar que se haga justicia.
Dafne Zapata, originaria de El Mante, ingresó al campamento vacacional el pasado 13 de julio de 2026. Cuatro días después, los directivos notificaron el deceso a su madre, la profesora Alejandra Quintos, bajo la versión inicial de que la menor se había “desvanecido” tras sufrir una supuesta caída en las regaderas.
No obstante, el dictamen emitido en el certificado de defunción contradijo la versión oficial del plantel al clasificar la muerte de forma categórica como un homicidio por asfixia por sumersión. Debido a esto y al estado en que fue entregado el cuerpo, la familia de la menor ha denunciado públicamente que la adolescente fue sometida a presuntos actos de tortura y violencia física extrema.
Ante el hallazgo de agua en los pulmones y otras lesiones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas mantiene asegurado el inmueble y mantiene abierta la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.
La tragedia escolar no solo derivó en el cierre operativo temporal determinado por los peritos ministeriales. A raíz del fallecimiento de Dafne, una ola de denuncias de exalumnos y padres de familia inundó las redes sociales. Testigos y víctimas denunciaron un historial sistemático de castigos inhumanos, golpizas ocultas y humillaciones graves ejercidas por instructores bajo la fachada de “disciplina castrense”.
Por otra parte, el director del centro, Jorge Luis Ponce, desató el rechazo masivo de la opinión pública tras ofrecer declaraciones insensibles ante medios locales, sugiriendo una retribución económica simple frente a la pérdida: “Le podemos regresar a la mamá lo que depositó, porque realmente solo lo ocupó cuatro días”.
Mientras las manifestaciones en Tampico, Altamira y Ciudad Madero exigen órdenes de aprehensión inmediatas contra los directivos y las cuidadoras a cargo, el plantel sufrió de manera paralela un desalojo civil por deudas de arrendamiento acumuladas por varios años.
La madre de la víctima anunció que buscará impulsar la iniciativa de ley conocida como ‘Ley Dafne’, diseñada para endurecer los filtros legales, auditorías y sanciones penales aplicables a los campamentos y centros privados con esquemas de militarización en México.
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