Van por revocación de Aguakan

La regidora Luz Elena Muñoz recomendó que es importante que todas las personas que estén inconformes con el servicio que presta Aguakan lo expresen durante la Consulta Popular del día seis de junio

Playa del Carmen.- La Consulta Popular que se llevará a cabo en las elecciones del seis de junio para sacar Aguakan de Quintana Roo, se fundamenta en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo.

En este tenor, la Séptima Regidora de Solidaridad, Luz Elena Muñoz recomendó que es importante que todas las personas que estén inconformes con el servicio que presta Aguakan lo expresen durante la Consulta Popular del día seis de junio, ya que se necesita al menos del 35 por ciento del padrón nominal de los municipios en donde está presente la concesionaria para revocar la concesión.

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Luz Elena Muñoz fue la única Regidora que se dio a la labor de coordinar la encuesta ciudadana en Solidaridad y así obtener las once mil 652 firmas en contra de Aguakan.

Indicó que esa participación de al menos del 35 por ciento de ciudadanos que se manifiesten por el rechazo de Aguakan será calificada por el Instituto Electoral de Quintana Roo y una vez que el resultado sea oficial, las autoridades estatales y municipales involucradas deberán observar dicho sentir popular y sin excusa ni pretexto, en términos de los artículos 91 y 92 de la Ley de Participación Ciudadana, deberán iniciar el proceso de revocación de la concesión y devolver a los municipios la facultad de prestar el servicios de suministro de agua potable y alcantarillado y saneamientos en términos del artículo 115 constitucional.

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Es necesario recordar que la Consulta Popular es un instrumento jurídico para que el Gobierno Estatal y los Ayuntamientos de los municipios en donde está presente la concesionaria, se vean obligados a iniciar el proceso de revocación de la concesión de Aguakan desconocer el resultado de la consulta popular estaría violentando el interés público fundamental conforme al artículo 95 de la ley de participación ciudadana del estado de Quintana Roo y se caería en responsabilidad de servidores públicos.