El Ayuntamiento de Tulum, encabezado por Diego Castañón Trejo, vuelve a colocarse en el centro de la polémica tras un operativo que expuso la falta de sensibilidad y el autoritarismo con que se persigue a los vendedores ambulantes.
Una mujer, dedicada a la venta de chicharrones, denunció ser víctima de acoso constante por parte de inspectores municipales. El hostigamiento escaló cuando fue acusada de explotación infantil y una patrulla del Grupo de Atención a la Violencia (Geavi) intentó llevarse a su hija y sobrina, menores que acababan de salir de la escuela y solo la acompañaban porque no tenía con quién dejarlas.
Testigos intervinieron y evitaron que los elementos consumaran el abuso, evidenciando la falta de criterio y la brutalidad con la que actuaban. La madre subrayó que no explota a sus hijas, sino que, como ocurre en miles de hogares mexicanos, las niñas la acompañan por necesidad.
En un intento de frenar la indignación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana difundió un comunicado que, lejos de aclarar, dejó ver improvisación y falta de preparación. El documento intentó justificar lo injustificable: la criminalización de una madre trabajadora.
Las mujeres afectadas respondieron con firmeza:
❓“¿Desde cuándo acompañar a los padres es un delito?”
El caso refuerza la percepción de que el gobierno municipal prefiere reprimir antes que apoyar a las familias que luchan por sobrevivir en medio de la crisis.