Se realizaron consultas constitucionales en el país, incluidas 15 asambleas regionales sobre el Proyecto del Tren Maya, donde se proporcionó información y se lograron acuerdos con las autoridades de las comunidades indígenas afectadas.
El megaproyecto gubernamental con participación privada busca impulsar el desarrollo y el turismo de cinco estados del sureste del país. Los especialistas en derechos humanos advierten que pondría en riesgo las garantías de las comunidades originarias a la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial planteó preocupaciones sobre los efectos del Tren Maya en las poblaciones indígenas y sobre el trato a los migrantes haitianos en México.
Lo anterior al concluir con las evaluaciones del vigésimo segundo, al vigésimo cuarto, informes periódicos combinados de México; aunque, en esta sesión, los expertos del Comité elogiaron al país por la implementación de recomendaciones anteriores.
La experta del Comité y relatora del informe de México, Faith Dikeledi Pansy Tlakula, expresó reconocimiento por las medidas tomadas para implementar las recomendaciones previas, especialmente en el acceso a la justicia para las comunidades indígenas, como la acreditación de defensores públicos que hablen lenguas indígenas y la designación de traductores especializados.
Sin embargo, surgieron inquietudes sobre el proyecto del Tren Maya, pues se argumentó que se ha presentado como un impulso económico, pero ha generado controversia por su presunta contravención del derecho internacional en lo referente al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas.
En respuesta, la delegación mexicana destacó la realización de consultas constitucionales en el país, incluidas 15 asambleas regionales sobre el Proyecto del Tren Maya, donde se proporcionó información y se lograron acuerdos con las autoridades de las comunidades indígenas afectadas.
Asimismo, los expertos expresaron preocupación por la situación que viven los migrantes haitianos en la República mexicana. En la reunión se destacó que existen informes de detenciones arbitrarias, torturas y deportaciones masivas que socavan los derechos humanos de estos solicitantes de asilo. También, se preguntó qué medidas se han tomado para prevenir la discriminación racial contra los migrantes haitianos en México.
Sobre lo anterior, la delegación mexicana informó que en el país se ha expedido un creciente número de permisos de residencia humanitaria desde 2019, con 36,000 permisos emitidos en 2023. Además, se mencionó la participación en actividades de cooperación con Haití para abordar las causas estructurales de la migración.
La delegación mexicana estuvo integrada por representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Consejo de la Judicatura Federal y la Misión Permanente de México ante la ONU en Ginebra.
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