Alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, denuncia que dejaron en colapso financiero al municipio ni pago a proveedores
Desvío de recursos federales, una nómina que aumentó al doble, integrada por “aviadores” con sueldos hasta por 18 mil pesos; documentos que no aparecen, obras inconclusas, adeudos en el pago de la luz, agua, telefonía y proveeduría, así como una Tesorería que no realizó la entrega-recepción, forman parte de lo encontrado en el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, por la nueva administración municipal.
La situación ameritará la presentación de denuncias penales, el inicio de procedimientos de orden administrativo y la intervención de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para investigar el probable enriquecimiento ilícito del exalcalde José Esquivel Vargas, quien llegó al poder postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y perdió la reelección.
Lo anterior es apenas el resultado de una revisión preliminar realizada por el equipo de la presidenta municipal entrante, Mary Hernández Solís, de Morena.
La joven alcaldesa, licenciada en Ciencias de la Comunicación y regidora en la anterior administración, rindió protesta al cargo de presidenta municipal el 30 de septiembre, sin luz, porque el suministro de energía eléctrica fue interrumpido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a falta de pago.
La edil señala que se adeudaban casi 3 millones de pesos de luz, no saldados por el gobierno de Esquivel Vargas, cuyo tesorero –Melchor Gómez Ribera– tampoco pagó la nómina de los más de dos mil trabajadores, del 15 al 30 de septiembre, por 5.3 millones de pesos; ni 5 millones de pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA); ni los 53 mil pesos de telefonía; ni el pago a proveedores, por 19 millones 454 mil pesos.
“Se adeudaban dos quincenas de los trabajadores del ayuntamiento, con todo y contraprestaciones; también 814 mil pesos de pago a policías. Lo que hemos logrado investigar, porque el tesorero se fue sin hacer la entrega-recepción, es que además se desviaban recursos del FAI para el pago de la nómina.
“Luego reintegraban ese dinero al recibir las participaciones federales, pero de cualquier manera al estar etiquetados esos recursos, aún reponiéndolos a los cinco minutos constituye un desvío de recursos federales y eso es un delito penal, por eso vamos a pedir la intervención de la Auditoria Superior de la Federación y se van a hacer las denuncias penales correspondientes”, dijo.
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), es uno de los ocho fondos que conforman el Ramo 33 y tiene como objetivo el financiamiento de obras y acciones sociales en beneficio directo a sectores de población en condiciones de pobreza extrema, población que habita en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y población que se encuentra en zonas de atención prioritaria.
El nuevo gobierno ha detectado más de 31 obras inconclusas y la que registra un mayor avance alcanza apenas del 40 por ciento. “No hay obras concluidas”, comentó, al señalar que se adeudan 14 millones de pesos por 16 obras en desarrollo, solo de este año.
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Además del probable desvío de recursos federales para pagar la nómina, ésta se infló con mil 800 empleados, la mayoría “aviadores”, como se conoce a las personas que, sin trabajar, solo se presentan a firmar para cobrar un sueldo.
“Nos dejaron un ayuntamiento sin recursos materiales para trabajar, pero con una nómina inflada, con el ingreso irresponsable de mil 800 trabajadores para cumplir los compromisos políticos del anterior alcalde.
“Recibimos una nómina a pagar de ocho millones de pesos, siendo Felipe Carrillo Puerto un municipio con pocos recursos. Mucha de esa gente es ‘aviadora’ que cobraba sueldos entre 15 mil y 18 mil pesos. Hasta ahora hemos logrado bajar la nómina a 5 millones de pesos”, explicó.
Hernández Solís precisó que las personas incrustadas en la nómina municipal provienen desde el mandato de la entonces alcaldesa, Paoly Perera, cuyo equipo de trabajo se quedó en la administración de José Esquivel, quien trajo a su propia gente.
El cinco de octubre, en compañía de regidores y del actual tesorero, la munícipe rindió un primer informe de lo encontrado, “una situación bastante crítica, con un ayuntamiento colapsado”, describió entonces, al dar a conocer que las cuentas municipales fueron bloqueadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo cual carecen de dinero para operar.
No hay dinero para la gasolina de las patrullas policiacas, ni para financiar la recolección de residuos sólidos, situación que fue notificada a la federación y al gobierno estatal.
“Estamos asumiendo un endeudamiento, desde el 30 de agosto a la fecha, se debe una nómina de 7 millones 12 mil pesos; el 15 de se debe una nómina de 6 millones 600 mil pesos y el 30 de septiembre, de 5 millones 304 mil pesos (…)
“Tenemos retenciones de seguros de vida por 701 mil peso; 5 millones de pesos de ISR; y el crédito fiscal por el cual fuimos embargados de todas las cuentas, por 21 millones 857 mil pesos”, abundó, al concretar que la sumatoria total de lo no cubierto por el gobierno de Esquivel Vargas, del 30 de agosto al 05 de octubre, asciende a 23 millones 763 mil pesos, reporta el diario El Universal.
