En su reciente toma de protesta como presidenta de México, Claudia Sheinbaum dejó claro que el acceso al agua será una prioridad de su administración. “El agua es de la nación”, afirmó con contundencia, comprometiéndose a implementar reformas y regulaciones que garantizarán este derecho fundamental para todos los mexicanos. Anunció que, en el transcurso de este mes, se pondrá en marcha un plan para ordenar las concesiones y la transmisión de derechos de agua, un proceso que se ha postergado por más de una década.
Sin embargo, en el estado de Quintana Roo, donde la empresa concesionaria Aguakan controla los servicios de agua y drenaje, la realidad está lejos de reflejar las aspiraciones de Sheinbaum. En ciudades como Playa del Carmen y Cancún, los habitantes enfrentan problemas constantes por la falta de suministro de agua y la ineficiencia de los sistemas de drenaje. Calles repletas de aguas negras y excremento son parte del paisaje cotidiano, lo que pone en riesgo la salud de las comunidades y genera un creciente descontento social.
Los problemas con Aguakan no son nuevos. Durante años, los residentes han denunciado fallos en el servicio, cortes prolongados de agua y drenajes obstruidos que derivan en malos olores y condiciones insalubres. Estos incidentes han sido reportados una y otra vez, sin que la empresa o las autoridades locales ofrezcan soluciones duraderas.
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Ante la promesa de Sheinbaum de revisar las concesiones, surge la esperanza de que casos como el de Aguakan reciban la atención que merecen. Si bien el acceso al agua es un derecho reconocido constitucionalmente, su garantía en la práctica ha sido un reto en muchas regiones del país, sobre todo cuando las concesiones están en manos de empresas privadas que priorizan el lucro sobre el bienestar de la población.
La presidenta ha dejado en claro que este panorama debe cambiar. “Arrancaremos este mismo mes para ordenar las concesiones”, subrayó Sheinbaum, marcando el inicio de una nueva etapa en la administración del recurso hídrico. Para miles de ciudadanos en Quintana Roo, esta promesa representa una oportunidad de recuperar el acceso a un servicio digno, en un estado donde la privatización del agua ha demostrado ser un rotundo fracaso.
Mientras tanto, la situación en Quintana Roo continúa deteriorándose. Las autoridades estatales y municipales deben tomar medidas urgentes, pero también se espera que el gobierno federal cumpla con su compromiso de intervenir en las concesiones mal manejadas. Para los habitantes, este tema ya no es solo una cuestión de derecho, sino de supervivencia.
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