La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, conocida comercialmente como Aguakan, no logró apoyo de la justicia federal en su intento de evadir adeudos fiscales correspondientes a 2019 y 2020.
La concesionaria del servicio de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales promovió un juicio de amparo contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo, pero su solicitud fue desechada apenas un día después de ser admitida en el Juzgado Cuarto de Distrito.
El reclamo legal tenía como objetivo impugnar dos oficios emitidos por la CAPA, los cuales notificaban observaciones por el incumplimiento de obligaciones relacionadas con el título de concesión otorgado a la empresa el 20 de octubre de 1993.
El primer oficio, identificado como CAPA/DRAEF/1574/2024 y generado el 27 de diciembre de 2024, forma parte del expediente CAPA/DG/CJ/0480/2024 y corresponde a obligaciones fiscales pendientes de 2019. El segundo, CAPA/DRAEF/1580/2024, fue emitido el 30 de diciembre de 2024 dentro del expediente CAPA/DG/CJ/0481/2024 y está relacionado con el ejercicio fiscal de 2020. Ambos documentos fueron notificados a la empresa el 31 de diciembre de 2024.
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En un intento de frenar la fiscalización, Aguakan recurrió a otro juicio de amparo para cuestionar tanto las notificaciones como la constitucionalidad de disposiciones del Código Fiscal de Quintana Roo. Sin embargo, la justicia federal negó las suspensiones provisional y definitiva, y desechó el recurso con una sentencia adversa el 17 de diciembre de 2024.
La concesión que Aguakan obtuvo en 1993 por un periodo inicial de 30 años ha sido objeto de controversias, pues fue modificada en 1999 y 2014 para extender su vigencia hasta 2053. Sin embargo, un decreto legislativo en 2023 revocó dicha ampliación, terminando formalmente la concesión el 31 de diciembre de ese año.
Pese a esto, la empresa continúa litigando para mantener su operación, en un contexto marcado por el hartazgo ciudadano por los constantes abusos y deficiencias en el servicio. En 2022, una consulta ciudadana vinculante decidió retirar la concesión en tres de los cuatro municipios donde opera: Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.
Entre las principales quejas destacan los cobros excesivos, la falta de suministro de agua potable y las deficiencias en el drenaje sanitario.
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