Unos 30 camiones materialistas se concentraron esta mañana a la altura de Paamul, en Playa del Carmen, sumándose a una jornada de protestas simultáneas en Cancún, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal. Choferes, ayudantes y concesionarios denuncian una severa falta de empleo derivada de la contratación de transportistas foráneos y unidades “piratas” en las obras públicas operadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Los trabajadores del volante señalan que atraviesan por uno de sus peores momentos económicos. A la baja ocupación en la zona turística y las afectaciones previas por la temporada de sargazo, ahora se suma el desplazamiento laboral en los proyectos de infraestructura locales, estatales y federales.
Pedro Salazar Jiménez, socio fundador del Sindicato Volquetero en Playa del Carmen, explicó que el epicentro del conflicto actual se ubica en Cancún, donde el Ejército Mexicano lidera un nuevo proyecto. El malestar radica en que la dependencia federal está asignando el acarreo de materiales a camiones provenientes de otras entidades dejando fuera a las agrupaciones locales.
“Cuando se hizo la obra del Tren Maya, se estableció una mesa de diálogo con el Ejército, el gobierno federal y las autoridades estatales. El acuerdo fue claro: toda la obra le competía al transporte concesionado de Quintana Roo y solo si se acababa nuestro parque vehicular se pediría apoyo foráneo. Hoy, la SEDENA está haciendo las obras directamente y nos están dejando fuera”, afirmó Salazar Jiménez.
De acuerdo con los inconformes, la preferencia por transportistas de otros estados responde a que estos aceptan pagos muy por debajo de la tarifa oficial autorizada en Quintana Roo desde el año 2020.
“Traen gente de afuera porque no quieren pagar la tarifa justa y local”, acusó el líder transportista.
El impacto de esta problemática no es menor: se estima que tan solo en Cancún hay 1,500 concesionarios afectados, mientras que a nivel estatal la cifra asciende a más de 3,500 familias que dependen directamente del transporte de carga para la construcción.
Los manifestantes dirigieron un llamado enérgico a la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que ordenen una auditoría minuciosa en las zonas de extracción y traslado de material. Denuncian que el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Inmoveqroo) ha sido omiso ante el incremento de “camiones piratas” que operan sin concesión ni regulación en la Riviera Maya.
La protesta se mantiene con carácter de “manifestación pacífica” a las afueras de los terrenos de extracción de material; sin embargo, el rumbo de las acciones podría cambiar en las próximas horas.
Representantes de todos los sindicatos del estado sostendrán una reunión clave con un Mayor de la SEDENA en la ciudad de Cancún para destrabar el conflicto. Los transportistas advirtieron que, de no alcanzar un acuerdo satisfactorio que garantice la prioridad de la mano de obra quintanarroense, escalarán las medidas de presión.
“Si no se llega a un acuerdo, yo creo que sí va a haber un bloqueo”, sentenció Pedro Salazar.
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